Ya pasaron 11 años desde que salimos por primera vez a las calles a gritar #NiUnaMenos. 11 años de lucha colectiva y organizada, de voces que decidimos que callar no era una opción; sin embargo, hoy volvemos a marchar con el mismo dolor y la misma urgencia, porque Agostina Vega, como muchas otras mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, ya no está. Cada femicidio es una falla del Estado y una herida que nos atraviesa a todas. El Estado no llegó a tiempo. Tardó cuando no debía tardar. Falló cuando no podía fallar. Esa demora institucional también es violencia. Esa demora también mata.
Desde Sadop sabemos que la violencia no solo aparece en los hechos que conmueven al país entero. También se vive en lo cotidiano, en lo silenciado, en lo que se soporta sola y a puertas cerradas. La docencia es una actividad altamente feminizada, y eso no es un dato menor: es clave para entender por qué ciertas formas de violencia se normalizan, se invisibilizan y se sostienen en el tiempo. La sobrecarga laboral, el hostigamiento, la discriminación, la desvalorización de la tarea, el miedo a reclamar, la precarización… todo eso también es violencia. Muchas de nuestras compañeras sostienen escuelas enteras mientras también sostienen hogares, familias y trabajos de cuidado que nadie ve, que nadie paga, que casi nadie reconoce. Las condiciones laborales y económicas degradadas no son una cuestión técnica ni presupuestaria: son una expresión concreta de la violencia de género en el trabajo. La precarización vulnera derechos. El agotamiento no es una falla individual, sino el resultado de un sistema que no garantiza condiciones dignas para el trabajo. Cuando las condiciones de trabajo son indignas, esa violencia se cuela en las aulas, se reproduce en los vínculos, y llega a las y los estudiantes. No puede haber escuelas libres de violencia si quienes enseñamos trabajamos con miedo, con agotamiento, endeudadas, sin tiempo institucional para el pensamiento colectivo, sin el reconocimiento que merecen. Es responsabilidad del Estado garantizar de manera sostenida condiciones dignas para enseñar y aprender, porque la violencia que se vive en las escuelas también se produce fuera de ellas, y combatirla exige transformar las condiciones institucionales y sociales que la generan.
Este año se cumplen veinte años de la Ley de Educación Sexual Integral. Dos décadas de una conquista que valió lucha, que costó resistencia y que todavía hoy está bajo ataque y en constante disputa. La ESI es un derecho, es una herramienta que salva, que detecta, que forma para el cuidado de la salud, la igualdad de género y el respeto por la diversidad, que tiende puentes, que abre diálogos. Ningún ideario institucional, ninguna presión patronal, ningún retroceso político puede ni debe silenciar la ESI en nuestras aulas. Como organización sindical docente, denunciamos y repudiamos la persecución laboral que sufren las y los docentes que la aplican. Por todo esto, que no es poco, y que no nos cansamos de gritar, exigimos presupuesto real para las políticas públicas de género. Sin recursos, los marcos normativos son letra muerta. Sin capacitación sostenida, sin programas de prevención y asistencia, las leyes no llegan a las aulas ni a los territorios donde ocurren las violencias.
A todas y cada una, desde nuestros lugares diversos, el movimiento #NiUnaMenos nos enseñó que el silencio protege a los violentos y que la organización y la lucha colectiva transforman la realidad. Hoy, 11 años después, ese aprendizaje sigue siendo el norte, la brújula. Por eso, cada vez que una docente denuncia, nos organizamos y levantamos la voz para fortalecer la lucha de todas. Nuestra organización es red, es comunidad, es sororidad.
Defender a las trabajadoras de la educación es defender la escuela como espacio democrático, formador de derechos humanos y promotor de una sociedad más justa. Lo repetimos con fuerza: no se puede cambiar la realidad desde la soledad de las aulas.
Hoy exigimos la aplicación de la ESI de manera obligatoria y sin excepciones en todos los establecimientos educativos de gestión privada, y el cese inmediato de las persecuciones laborales a las y los docentes que la enseñan. Exigimos presupuesto real para los programas de prevención de violencias, asistencia a víctimas y capacitación docente con perspectiva de género. Exigimos una justicia con perspectiva de género que no llegue tarde. Exigimos condiciones laborales dignas para las trabajadoras de la educación: sin violencia institucional, sin acoso, sin precarización, sin violencia verbal y sin actitudes de desprecio para con nuestra tarea, ya sea como docentes o como dirigentes.
Desde lo más profundo de nuestra organización, queremos que este 3 de Junio no sea solo una fecha de memoria y denuncia, sino también la tan necesaria renovación de un compromiso colectivo para transformar nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo y nuestra sociedad. Por las que ya no están, por quienes siguen luchando, por nuestras compañeras y por nuestras estudiantes; por una educación con derechos, con perspectiva de género y libre de violencias.