“Uno de los desafíos actuales del movimiento obrero es ser capaces de pensarnos y de pensar situadamente para poder responder con organización frente al ataque sistemático a las y los trabajadores y a las organizaciones sindicales que los representan”, afirmó nuestra secretaria general Luz Marina Jaureguiberry, durante el panel Justicia social frente a la crisis nacional: trabajo, salud, cultura, educación y DDHH, realizado en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Con la presencia de estudiantes, docentes y especialistas, moderados por la periodista Nora Veiras, junto a la secretaria general de nuestro sindicato, disertaron la economista Mercedes D’Alessandro, el legislador porteño Matías Barroetaveña, el director del Núcleo Gobernanza, Ciudades inteligentes y Gestión Saludable de UMET Diego Pando y el director del Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades de UMET Federico Pita.
Al abrir el encuentro, Nora Veiras preguntó a las y los panelistas por el impacto de las políticas del gobierno en el trabajo, la salud y los derechos humanos. Ante esa consulta, la titular de Sadop advirtió sobre “el deterioro de los salarios y condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores docentes; el retroceso de los derechos laborales y sindicales; el techo a las paritarias y la no homologación de las que están por encima de ese límite y que responden a la realidad inflacionaria; la vulneración del derecho a la expresión y al reclamo —en alusión al derecho de huelga—, y la inexistencia de la Paritaria Nacional Docente (PND)”.
Al concluir su presentación, en el panel organizado por UMET junto a Página/12 y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la dirigenta subrayó que “la justicia social es la vertebradora del proyecto nacional y, por lo tanto, del posicionamiento del movimiento obrero dentro de ese proyecto”.
Por su parte, Mercedes D’Alessandro criticó que “la motosierra va a las universidades, a la ciencia, a la salud, a las personas con discapacidad, al ministerio de Ambiente, a las mujeres, a los jubilados y a todas las minorías que se nos ocurran”. “Nosotros tenemos que recuperar la justicia social, la libertad, reconciliarnos con esos conceptos”, propuso.
A su turno, Diego Pando reveló que desde UMET realizaron una investigación cualitativa con el objetivo de conocer cuáles fueron los factores que incidieron en la elección del actual gobierno. El trabajo de campo, que se llevó a cabo entre abril y mayo de este año, reveló connotaciones negativas respecto al funcionamiento de la administración pública nacional que, junto a otras falencias, contribuyeron al afianzamiento de la actual narrativa antiestatal.
El legislador Matías Barroetaveña consideró que, a partir de una revisión crítica, en 2027 el campo popular «tiene la oportunidad de volver a plantear ese otro modelo de justicia social aumentando el número de trabajadores registrados, dotando de derechos a los independientes y formalizando unidades productivas», entre otras políticas.
Por último, Federico Pita señaló que “sin justicia racial no hay justicia social”. El titular del Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades de UMET explicó que con el actual gobierno “regresan los viejos discursos de odio, las violencias raciales y el desmantelamiento de políticas públicas que habían intentado reparar parte de ese legado histórico que tenemos”.
Desde distintas ópticas, quienes tuvieron a cargo la disertación así como quienes entre el público intervinieron con preguntas, coincidieron en que la justicia social es el horizonte que debe orientar la acción colectiva en el actual contexto. Como subrayó Luz Marina Jaureguiberry, el desafío del movimiento obrero es organizarse para resistir los ataques y, al mismo tiempo, desde la esperanza proyectar el futuro con un país más justo para todas y todos.