La educación superior en la Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El ajuste presupuestario ejecutado sobre las universidades nacionales es una decisión política que destruye años de construcción colectiva y de lucha, e hipoteca el futuro del país.
Los números son más que contundentes: el presupuesto universitario cayó un 30 % en términos reales. Los salarios docentes perdieron un 29 % de su poder adquisitivo. Los gastos de funcionamiento se redujeron un 33,4 %, dejando a muchas instituciones sin recursos para sostenerse. Las becas, una herramienta fundamental para garantizar el acceso y la permanencia, cayeron un 64 %. Asimismo, los bienes de capital destinados a ciencia y tecnología sufrieron un recorte del 65 %, con el consecuente golpe a la investigación y al desarrollo nacional.
Este cuadro se produce en un escenario de deliberada ilegalidad. El Poder Ejecutivo vetó en dos oportunidades la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso e incumplió la Ley de Ciencia y Tecnología, en una clara decisión de no respetar los marcos institucionales democráticos. Las consecuencias son gravemente visibles: fuga de investigadores y profesionales, deterioro de infraestructura edilicia universitaria, abandono de estudiantes que no pueden sostener su trayectoria académica, y un mensaje político que se vuelve cada vez más palpable: el conocimiento, la ciencia y la educación no son prioridades para el gobierno.
SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
En este contexto, las universidades privadas no escapan al ajuste y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus docentes. Las paritarias en el sector quedan libradas a la voluntad de cada empleador, sin ningún marco común que las regule. El resultado es una dispersión salarial profunda: no existe grilla, no existe piso, no existe garantía mínima de retribución digna. Las condiciones de trabajo de un docente universitario privado dependen, casi exclusivamente, del poder de presión de las y los trabajadores y de la disposición, o la arbitrariedad, de cada institución. Este esquema no es accidental; es la expresión concreta de una relación de fuerzas desfavorable para las y los trabajadores. Desde Sadop sostenemos con firmeza la necesidad de avanzar en una Paritaria Nacional Docente para el sector universitario privado, que establezca un salario mínimo razonable, uniforme y exigible para el conjunto de las y los trabajadores, y por la jubilación para docentes de universidades privadas. Se hace necesario acordar un convenio colectivo que dé previsibilidad y estabilidad. Este es el único camino hacia condiciones de trabajo genuinamente dignas.
EN SÍNTESIS
Frente a toda la situación descripta, desde Sadop ratificamos nuestro posicionamiento histórico: exigimos el pleno cumplimiento del presupuesto universitario y de la legislación vigente como así también la recomposición salarial y la mejora de las condiciones de trabajo de las y los docentes universitarios, a través de la negociación colectiva con la representación de todos los actores que conforman la comunidad universitaria.
La universidad es un bien colectivo, las garantías de acceso y gratuidad son un derecho de nuestro Pueblo. Defenderla es nuestra obligación.
Secretariado Ejecutivo Nacional
12 de mayo de 2026